La UE exige a España la devolución de ayudas al naval desde 2007

Tras un tira y afloja que ha durado largas semanas, la Comisión Europea ha considerado hoy “ilegales” las ayudas a los astilleros, y obliga a devolverlas a las arcas públicas españolas desde 2007 a 2011. Finalmente, Bruselas es algo más suave: el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, aseguró en su día que las devoluciones empezarían en 2005. Las presiones de varios Gobiernos regionales y del Ejecutivo central, junto a las movilizaciones en la calle, han conseguido dulcificar la decisión final, que aun así puede suponer un duro varapalo para el sector. Atendiendo al "principio de seguridad jurídica", la Comisión ha decidido no pedir el reembolso de las ayudas concedidas entre 2002 y abril de 2007, fecha en la cual Bruselas ha declarado públicamente ilegal un sistema francés similar al español.


La decisión puede ser recurrida ante la justicia europea. Y será el Gobierno español quien decida cómo se devolverá el dinero, que irá a la Hacienda española, ha insistido Almunia. También será España quien decida la cantidad que se debe devolver. Asegura el comisario que el problema se ha producido porque cuando se puso en marcha el sistema de tax lease el Gobierno español no solicitó la evaluación a la Comisión Europea. Cuando recibieron una queja formal por parte de siete asociaciones del sector naval, ha explicado, fue cuando abrieron una investigación en profundidad, sobre la que hoy se ha tomado una decisión. "Si los hechos hubieran sido notificados a la comisión antes de la queja formal en 2010, lo habríamos investigado antes", ha zanjado.

Bruselas no ha ofrecido una cifra de lo que se debe devolver, porque según Almunia ese seguimiento es una competencia española. "La obligación de devolver la ayuda ilegal se aplica solo a los inversores que se beneficiaron de ellas", ha subrayado el comisario. Es decir, que no deben ser los astilleros quienes retornen el dinero, sino las compañías que realizaron inversiones, ha destacado. El comisario de Competencia también ha recordado que el régimen de ayudas de tax lease que funciona en la actualidad (y desde 2012) sí que cumple la normativa. Lo único que se debe devolver, ha subrayado, "son ventajas fiscales ilegales concedidas a algunos inversores. No se trata de ayudas a los astilleros".

Almunia ha deseado un "futuro brillante" al sector naval español y ha deseado que pueda recuperarse "en el menor tiempo posible". Su futuro, ha dicho, dependerá de su potencial innovador y para "atraer clientes e inversores". Ha defendido que hay "seguridad jurídica y garantías" para atraer inversiones desde que se cambió el sistema de bonificaciones en 2012 y cree que lo que es necesario es "buscar y convencer" a los inversores.

Cifra en el aire

Almunia ha rechazado en varias ocasiones, ante las preguntas insistentes de los periodistas, que ofrecer una cifra concreta de ayudas por devolver. Es el Gobierno español, ha defendido, quien con las cifras de Hacienda debe realizar un listado de todos los inversores que se beneficiaron de desgravaciones en el sector naval y estudiar cuáles son compatibles con la legislación europea y cuáles no lo son.

En total, las ayudas sumaron 2.800 millones de euros hasta 2011, según fuentes del sector. Al pedir la devolución desde 2007, en lugar de 2005, como se pedía inicialmente, el montante se reduce levemente, alrededor de un 20%, según otras fuentes jurídicas conocedoras de este proceso.

En virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de las bonificaciones "no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre terceros (como los propios astilleros), incluso mediante la aplicación de contratos existentes". La decisión se ha tomado esta mañana después de que el vicepresidente Antonio Tajani, comisario de Industria convertido en el gran aliado del Gobierno del PP, levantara sus reservas, según han explicado fuentes comunitarias a Europa Press.

Bruselas insiste en que no puede actuar de otra forma, y además asegura que el coste no recaerá sobre el sector naval, sino sobre los inversores que compraron los barcos. Esta es la síntesis que Almunia lleva días destacando acerca del conflicto que enfrenta a los astilleros y a todo el arco parlamentario español, por una parte, y a la Comisión Europea por otra.

Frente común en España

Las escaramuzas empezaron a finales de junio, cuando Almunia anunció que los 2.800 millones de euros que se habían desgravado armadores e inversores –aunque esa cifra no es oficial y está totalmente en el aire-- eran ayudas ilegales y que por lo tanto tendrían que ser devueltos. El sector respondió que esa decisión le llevaría a la ruina, mientras varios miembros del Gobierno español pidieron a Almunia que se lo pensara de nuevo. Incluso responsables de su propio partido, como los socialistas gallegos, reclamaron la dimisión del hombre que sustituyó a Felipe González al frente del PSOE.

La Comisión, apoyada en sus servicios jurídicos, argumenta, sin embargo, que no tiene margen de maniobra, ya que de no reclamar la devolución de las ayudas concedidas a través del enrevesado instrumento conocido como tax lease estaría violando la legislación de la UE.

En Galicia, por ejemplo, los principales beneficiarios de las desgravaciones se agrupaban alrededor de los grupos Santander-Banesto, Popular-Pastor, NovaCaixaGalicia y HSBC, bancos que buscaban inversores entre pequeñas y medianas empresas y family offices –pequeñas grandes fortunas familiares--, que se han ahorrado centenares de millones de euros en impuestos durante años a sabiendas de que un sistema fiscal parecido, el francés, estaba condenado por Bruselas desde hace años.

El Pais - 17/07/2013