Las teleoperadoras cederán datos anónimos al Instituto Nacional de Estadística para conocer la movilidad de los españoles y mejorar las infraestructuras.

El Instituto Nacional de Estadística, como parte de una iniciativa inédita en el panorama europeo, ha llegado a un acuerdo con las tres principales operadoras móviles del país para realizar un estudio de movilidad ciudadana basado en el seguimiento de los terminales móviles. El tracking se realizará de forma anónima y proporcionando los datos de forma agregada, sin facilitar ningún tipo de información sobre los titulares de las líneas salvo sus desplazamientos en determinadas franjas horarias.

El seguimiento se realizará durante cuatro días laborales de noviembre, un domingo y tres días de vacaciones. Según informaciones publicadas por el diario El País, el seguimiento se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de noviembre, el domingo 24 de noviembre, dos días de verano (20 de julio y 15 de agosto) y el 25 de diciembre. El principal objetivo del estudio es conocer los desplazamientos habituales de la población y los desplazamientos estacionales (en las vacaciones de verano y de Navidad) tanto en lo referente a la hora o a los destinos. Con esto se pretende ampiar el conocimiento sobre las zonas en las que se podrían mejorar los servicios públicos e infraestructuras pero también proporciona información muy valiosa sobre los movimientos de la población por motivos de trabajo, por ejemplo, desde ciudades dormitorio o localidades pequeñas hacia grandes urbes.

Según la información adelantada por El País, el INE ha dividido el territorio nacional en 3.500 celdas con un mínimo de 5.000 personas en cada una, haciendo que el tamaño de la celda varíe según la densidad de población de cada área. El seguimiento se realizará en seis momentos concretos a lo largo del día: a las 6.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00 y 2.00. Por su parte, el INE ha confirmado a declaraciones al diario El Confidencial que las operadoras que cederán sus datos son Movistar, Orange y Vodafone y que recibirán, entre las tres, cerca de medio millón de euros.

Dificultades técnicas y ¿legales?

Pero, ¿qué problemas puede traer o generar el proyecto del INE? MUY INTERESANTE se ha puesto en contacto con Sergio de Juan-Creix, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política y experto en derecho digital, y José Antonio Morán, Profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación en la UOC, para salir de dudas.

Desde un punto de vista técnico, no existe el más mínimo problema. Según explica José Antonio Morán, la red de comunicación de las operadoras sabe en todo momento dónde está cada uno de los terminales que tiene conectados, lo verifica cada determinado periodo de tiempo y hace un registro de sus movimientos. Esta información es recolectada por las compañías que, para asegurar el anonimato antes de enviarla al INE, deben realizar un procesado que asegure la eliminación de cualquier identificador (como el número de teléfono o el email) a través de una base de datos paralela y la emisión de estos como datos agregados, impidiendo que sean analizados de forma individual. Así, se consigue que no haya una vía clara de “identificar uno a uno los terminales ni la información precisa de la posición”.

El anonimato de los datos es una pieza clave en el proyecto del INE ya que uno de sus principales argumentos al defender la legalidad de la acción es el hecho de que si los datos son completamente anónimos a estos no se les aplica el Reglamento General de Protección de Datos. Por lo tanto, y según nos dice Sergio de Juan-Creix, “el asunto principal es ver si estos datos son realmente anónimos y que nunca, ni con ingeniería inversa, se puedan asociar con una persona”. Si este proceso se realiza correctamente, el INE y las compañías pueden basarse en una base legal para llevar a cabo el uso estadístico de datos; esta base puede ser el consentimiento de los usuarios (puede que se solicitara en las condiciones generales de las compañías) o el interés legítimo de un estudio como este con fines estadísticos. Para el profesor de Derecho, precisamente, todo el proyecto se sustenta en el anonimato y la finalidad.

Ambos expertos coinciden en que, a pesar de los precedentes existentes en el mal uso de los datos con fines comerciales, el Big Data puede resultar muy beneficioso para la población si se utiliza correctamente y que hay que evitar las alarmas sociales y el miedo hacia la aplicación de la tecnología. El problema, por lo tanto, viene del desconocimiento. Muchos españoles, al escuchar la noticia habrán intentado recordar en qué momento aceptaron el ceder sus datos para estos fines y José Antonio Morán cree que “lo que más ha chocado a la gente ha sido no encontrar una explicación para todo esto”. “Empezar con la sensación de que nos espían no es bueno”, comenta Morán, y por ello es necesario un proceso de pedagogía y acercamiento, así como una mayor presencia en la toma de decisiones sobre el uso de sus propios datos, para que la población sea comprenda mejor la situación y sepa cuándo se está haciendo un buen uso de sus datos y cuándo debería defender sus derechos. “El riesgo que existe es que, con la aparición del Internet de las cosas y de las ciudades inteligentes, cada vez se captan más los datos que generamos. Hay que explicar las cosas muy bien para poder generar confianza”, concluye Morán.

Por su parte, para el abogado especializado en Derecho y tecnología David Maetzu, señala en un hilo de su cuenta de Twitter la ilegalidad de esta cesión basándose en que los datos de tráfico y posición no están legislados únicamente por la Ley de Protección de Datos sino también por la Ley 25/2007. En esta ley se establecen los supuestos en los que la cesión de datos de tráfico o posición está justificada y el uso estadístico no es uno de ellos, por lo que las compañías no podrían entregar la información al INE. Maetzu también señala que la ley “no prevé sanciones para quienes ceden los datos saltándosela”.

¿Puede alguien escabullirse?

Ante esta pregunta, Sergio de Juan-Creix responde que sí, aunque no sea fácil. Lo primero que hay que comprender es que, sin tener que asustarnos, en el panorama actual “los datos tienen mucho valor” y por ello es importante que los usuarios conozcan sus derechos y sepan hacerlos respetar.

Incluso en los casos en los que las teleoperadoras basan su cesión de datos en un consentimiento explícito o en un interés legítimo, cualquier usuario puede ejercer su derecho de oposición ante las operadoras y negarse a que sus datos sean utilizados para estos fines. También se podría presentar un procedimiento de reclamación ante la Agencia de Protección de Datos. Existen casos previos en los que a las operadoras u otro tipo de empresas les sale a cuenta, teniendo en cuenta los beneficios que obtienen, pagar una pequeña sanción. Para evitar estos casos y que el usuario no salga perjudicado es importante ejercer los derechos que este tiene y hacerse partícipe ya que la norma de protección de datos actual se basa en la responsabilidad proactiva y debe ser el usuario el que reclame el cumplimiento de sus derechos y el correcto uso de sus datos, ya sea una compañía como el propio Instituto Nacional de Estadística.

muyinteresante.es / Daniel Delgado, 29 octubre 2019

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